Lucha contra el fraude en el empleo

 

Contrato de trabajoSe ha publicado la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, que introduce diversas modificaciones orientadas a reforzar la lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social.

Las medidas obedecen a la puesta en práctica de un Plan que persigue los siguientes objetivos:

1. Impulsar el afloramiento del empleo irregular (vamos, en negro), con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales.

2. Atajar la comisión de fraude de ley de las prestaciones por desempleo, en especial mediante la constitución empresas ficticias para poder acceder a aquéllas o donde se compatibiliza de manera irregular su percepción con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

3. Evitar el fraude en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas, en el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

4. Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

5.  Agrava las sanciones en los supuestos de incumplimiento de las suspensiones de contrato o reducciones de jornada en una ERO, consistenetes en solicitar una reducción de jornada, cobrar del paro, pero dar trabajo efectivo a joranada completa pagando en negro.

 

Se amplía la exigencia de responsabilidades solidarias en los supuestos de subcontratación empresarial, que pasa de uno a tres años. Hasta ahora era difícil de aplicar ya que cunado Inspección llegaba abía pasado el año. Por ello, y de conformidad con el art. 42.1 ET, los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Si no solicita la certificación, o esta indica la existencia de deudas, incurrirá en responsabilidad solidaria por las obligaciones de Seguridad Social en que pueda incurrir el contratista o subcontratista durante el periodo de vigencia de la contrata o subcontrata.

En el artículo segundo se establece una limitación de las reducciones automáticas del 50 por 100 de la sanción por conformidad e ingreso de la liquidación practicada por la administración.

El artículo tercero se recoge la obligación de informar y colaborar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que atañe a autoridades, administración, organismos autónomos, entidades públicas, cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales y al Consejo General del Notariado y a las mutualidades de previsión social. Como novedad se determina que estas comunicaciones de datos de carácter personal no precisarán el consentimiento del interesado.

Los procedimientos de comprobación por parte de la Inspección podrán ampliarse desde los nueve hasta dieciocho meses en los supuestos que así lo requieran.

Por otra parte, adecua determinados tipos infractores en materia de Seguridad Social que inciden en el control del fraude a la Seguridad Social a las modificaciones normativas operadas y perfecciona los mecanismos de sanciones accesorias. Tipifica explícitamente la comunicación fuera de plazo por el empresario a las entidades correspondientes de los datos, certificados y declaraciones que estén obligados a proporcionar, e incluye como infracción leve la no comunicación de cualquier cambio en los documentos de asociación o de adhesión para la cobertura de contingencias comunes y no sólo profesionales.

Tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de alta y cotización en los supuestos de salarios de tramitación y de vacaciones no disfrutadas con anterioridad a la finalización de la relación laboral.

Se califica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora las variaciones sobre el calendario inicial de los días de suspensión o de reducción de jornada en los supuestos de suspensión o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y la conducta consistente en dar ocupación habiendo comunicado el alta en la Seguridad Social a trabajadores, solicitantes o beneficiarios de prestaciones periódicas o pensiones de Seguridad Social, cuyo disfrute es incompatible con el trabajo por cuenta ajena; y como muy grave la ocupación de los trabajadores afectados en el periodo de aplicación de las medidas de suspensión de los contratos o en el horario de reducción de las jornadas autorizadas.

Diferencia y tipifica por separado dos conductas: la falta de ingreso de las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social en plazo y forma reglamentarios sin presentación de documentos de cotización y la consistente en retener indebidamente la cuota obrera, no ingresándola dentro de plazo, siendo ambas objeto de una sanción específica cuya cuantía dependerá del importe de la cuota retenida no ingresada. 

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