La nueva ley antifraude

Robin HoodEntramos en los bosques de Sherwood. Amparándose en la nueva ley antifraude (Ley 7/2012 de 29 de Octubre), los recaudadores del sheriff de Notthingam se adentran en la espesura dispuestos a arrasar con las contadas empresas que siguen en pie. No, no se trata de la última película de Spielberg. Esto es España, y estamos en 2012.

La nueva ley, con el pomposo título “de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”; da nuevos instrumentos para la lucha contra el fraude. Y antes que alguien lo diga, no, no está el ir a buscar los fondos de los paraísos fiscales. Veamos las que si están:

1º Limitación de pagos en efectivo a partir de 2.500 €:

Se prohíben los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en operaciones en las que intervenga un empresario o profesional. No se aplica a las compra-ventas entre particulares. La medida persigue acabar con el consabido “lo quiere con IVA o sin IVA”. Los pagos deberán efectuarse por medios que dejen constancia, tales como cheques, tarjetas, recibos, transferencias, etc.

Hay que decir que es por operación y no por pago, por lo que no vale pagar una factura de 4.000 € en dos veces.

En caso de incumplir la normativa, Hacienda entenderá que el infractor es tanto el que paga como el que recibe el dinero y, las dos partes responderán "de forma solidaria" a la sanción, que ascenderá al 25% del importe de la operación realizada en efectivo.

Si una de las partes presenta una denuncia antes de los tres meses siguientes al pago en efectivo, quedará exonerado de cualquier responsabilidad.

2º Responsabilidad de los administradores por no pagar los trimestrales.

Se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria (es decir si la sociedad no tiene bienes para pagar), destinado a facilitar la acción de cobro contra los administradores. Se aplicará cuando la sociedad presente de forma recurrente y sistemática autoliquidaciones formalmente pero sin ingreso por determinados conceptos tributarios (básicamente retenciones) con ánimo defraudatorio.

¿Y cuándo va a entender Hacienda que pasa esto?, cuándo durante un año se dejen de pagar la mitad de las que se tienen que presentar (es decir dos trimestrales). Y esto aún cuando se hayan presentado y solicitado aplazamiento.

3º Nuevas (y baratas) sanciones.

Se introducen nuevas sanciones. Por ejemplo, el contribuyente que presente una declaración en papel cuando esté obligado a remitirla por vía telemática será sancionado con 1.500 euros.

Por otra parte, la multa por no atender el primer requerimiento de la Administración o por no aportar la información requerida en el plazo concedido será de 1.000 euros para los particulares y de, como mínimo, 3.000 euros para los empresarios, profesionales o sociedades.

4º Limitaciones en el sistema de módulos.

Con la finalidad de evitar las “ventas de facturas”, los contribuyentes que con la tributación por módulos que facturen más del 50% de sus operaciones a otros empresarios y su volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros, quedarán excluidos del sistema y deberán declarar por Estimación Directa.

En cualquier caso, la prohibición de tributar por módulos afectará a profesionales con rendimientos que superen los 225.000 euros. Las actividades sujetas por estas limitaciones son la carpintería, la fabricación de artículos de ferretería, la confección, la industria del mueble de madera, la impresión de textos, la albañilería, la fontanería o la pintura, entre otros.

5º Anotación de embargo sobre fincas de sociedades.

Además se establece la prohibición de disposición de los bienes inmuebles de sociedades cuyas acciones o participaciones hubiesen sido objeto de embargo y se ejerciese por el titular de las mismas, deudor de la Hacienda Pública, el control efectivo de la mercantil en cuestión.

6º Bienes en el extranjero.

La nueva normativa obligará a los contribuyentes a declarar cuentas, activos e inmuebles en el extranjero. Para ello, Hacienda deberá establecer un nuevo formulario y, por cada dato incorrecto, se impondrá una sanción de sólo 5.000 euros. Además, y eso es lo importante, el declarante deberá ser capaz de demostrar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas. En caso contrario, se imputarán al "al período impositivo más antiguo entre los no prescritos". Esto equivale a una declaración de imprescriptibilidad. Si un contribuyente abrió una cuenta en Suiza con renta no declarada de un millón de euros en 2004 -ejercicio que ya está prescrito- Hacienda, con la legislación actual, sólo puede reclamar los intereses logrados por esta cuenta en los últimos cuatro años, pero no el capital total.

Vamos, que como la amnistía fiscal ha sido un fracaso, amenazo de saltarme la Ley General Tributaria (artículo 66) y la propia Constitución, que tanto aman y defienden los presentes legisladores.

Y por si fuera poco, nos informan que van a seguir decretando de manera que los funcionarios de Hacienda podrán ir por tiendas y bares llevándose físicamente la caja. A nuestros sufridos amigos funcionarios les proponemos el siguiente uniforme:

Recaudador

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